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El avance del Estado sobre la propiedad privada, con eje en Vicentín

Se conocen tres aspectos que dan cuenta de diferentes acciones de parte de la clase política que prueban daño sobre la propiedad privada, hostilidad desde un proceso judicial enviciado y discriminación en ejemplos concretos comparables, en la afectación que tiene eje en el caso Vicentín.

La aparición de testimonios de identidad reservada explica con documentos oficiales de valor jurídico emitidos por el Banco Nación, que hasta ahora eran desconocidos, muestran un giro dramático en la relación de los actores. Suman el protagonismo de la Casa Rosada y el ministerio de Producción, los tres ubicados en la cabecera de Plaza de Mayo, como un consorcio.

El impacto del intento de expropiación –fallido- y la intervención sobre la propiedad privada por parte del gobierno de Alberto Fernández está fresco en toda la sociedad que reaccionó con protestas en todo el país por el caso Vicentín. Fue el primer y más fuerte traspié político, a sólo seis meses de su asunción y, se excusó al expresar: “Creí que me iban a aplaudir”.

A casi tres años de la vigencia del concurso preventivo, los perjuicios son más notables y grandes. Hay certezas del bajo grado de afectación a los deberes de la conducción de Eduardo Hecker con postura irresponsable respecto de las decisiones tomadas por desatender formalidades éticas y bancarias sobre las que pesan leyes y hacen al desempeño y la competencia de su directorio.

El funcionamiento de la casa bancaria se rige por la práctica diaria que empleados competentes y funcionarios idóneos de carrera que van dando personalidad en el aplomo y el carácter a través de la toma de decisiones. Son los que saben.

Eduardo Hecker rechazó tres propuestas de pago, sobre cinco, en el primer trimestre de 2020 que tuvieron dictamen favorable de la alta gerencia. A su vez, los negociadores del Steering Commitee internacional han expresado acuerdos de ese análisis conjunto entre bancos y en coincidencia al cobro, pero fueron quebradas por el humor político.

Los gerentes tomaron los pedidos de la junta directiva y se los trasladaron al cliente que cumplió en tiempo y forma los requerimientos. Una vez ingresados, el área responsable auditó los aspectos según normas y prácticas bancarias, bajo un número de Despacho o Acta. Las máximas autoridades asentaron su decisión sobre el expediente en un libro bajo número y rúbrica, de valor legal.

La estrecha relación de los papeles es inequívoca y guarda relación con la instrucción recibida del área pertinente. Citando los veredictos allí vertidos difieren de la decisión comunicada al cliente y, al ejemplo, puede leerse:

En la página 2 del Informe 435 del día 19/3/2020 se lee: “Con fecha 4/3/2020 Vicentín SAIC presentó una nueva propuesta de refinanciación para los bancos públicos (BNA, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco de Inversión y Comercio Exterior), con ajuste a lo dispuesto en Resolución del H.D. Nro 311 del 20/2/2020 a excepción del margen de garantía que no alcanzaría al 60 %. Para BNA mantendrá vigentes las cesiones ya constituídas. (..)”.

Prosigue con detalles a un análisis exhaustivo de la situación patrimonial de la empresa, flujo de fondos, garantías, diseño de negocios, capacidad de pago, entre otros y cita, en la página 18 enfatizando la disponibilidad a cobrar en el ítem que titula “Otras Consideraciones” donde puntualiza: “El plan de reestructuración presentado, estaría respaldado en un plan comercial elaborado sobre la base de premisas generales aceptables, para cuyo cumplimiento se requiere de ciertas acciones bajo la órbita de la Compañía, tal como fuera enunciado precedentemente.

El citado plan facilita el cumplimiento de las obligaciones involucradas de manera ordenada acompañando la generación operativa de la empresa.

Las modalidades propuestas para la refinanciación de la deuda con los bancos públicos, permitiría al BNA con mayores garantías reales, un nivel de recupero de la deuda en términos actuales del orden del 90 % (estimando una tasa de descuento del 5 %) y una “duration” de 6 años.

El último párrafo sorprende al contradecir el análisis precedente “que la oferta fue con ajuste a lo dispuesto”, pero al cerrar el Acta 435 dice: “Si bien se considera un avance en las negociaciones, las condiciones de la nueva propuesta de la Compañía aún resultarían insuficientes para las pretensiones de recupero de este banco en atención a las garantías ofrecidas”.

Para entonces, Matías Kulfas, ministro de Producción, ya trabajaba con la senadora Anabel Fernández Sagasti en las pretensiones sobre la Compañía.

Vicentín accedía inocentemente a la suba de exigencias por entender que se trataban de nuevas solicitudes para ampliar beneficios en favor de la demanda y, como una puja de negociación. A su vez, hizo saber que el managment estaba dispuesto a correrse de la conducción y ceder las acciones de la empresa como prenda.

La alta gerencia procedió al pie de la letra, y la conducción de Hecker rechazó intencionalmente la resolución de las obligaciones. También, trascendió que se expresó en ese sentido. Se produjo una virulenta discusión despidiendo a los altos funcionarios, sin indemnización ni razón legal. Hay 16 empleados tendenciosamente sumariados bajo responsabilidad patrimonial asignada.

Así, se allanó el camino a un plan de expropiación –fallido- y, la consumada intervención. Ese anuncio fue dado al país por el presidente Alberto Fernández el 8 de junio de 2020, junto al ministro y la senadora. El Nación, la cartera de Producción, y el Gobierno plasmaron todo en la vecindad del Consorcio de Plaza de Mayo.

El directorio está denunciado penalmente por la posible comisión del delito de abuso de poder ante el juez Ercolini y el Fiscal Pollicita. Otra acción similar recayó sobre la Procuraduría de Asuntos Administrativos. En cuanto al probable incumplimiento de deberes del funcionario público y la aparición de evidencia comprometedora todavía no se hicieron presentaciones judiciales.

Sumemos la torpeza judicial de Claudio Lozano ante Gerardo Pollicita fabulando acusaciones a falta de sagacidad por acostumbrada impunidad, que le valieron fuerte reprimenda en Comodoro Py.

El segundo aspecto es un proceso judicial enviciado. Ello radica en que el juez del concurso –cualquiera- es suficiente autoridad, para control y transparencia según la Ley. Todo lo demás han sido excesos en forma de hostilidad y atosigamiento que, sin embargo, la compañía pudo sortear.

Las mayorías requeridas fueron alcanzadas amplia y libremente, según la Ley y con el visto bueno del juez natural. Ahora, la Corte Suprema de Santa Fe intervino de facto haciendo lugar a un pedido de un acreedor. Y, el Procurador de la provincia dictaminó, entre sus considerandos –no vinculantes- no avocar, pero al sugerir “directrices” supone una avocación de hecho.

Además, en el escrito de 52 hojas hace saber que no procede el avocamiento pretendido por la demanda. Y, advierte, que la presentación no constituye un supuesto de avocación -tal como está diseñada la legislación provincial- y, destaca que la pretensión en los términos en los que fue formulada, resulta asimilable al supuesto de Per saltum, no existente en Santa Fe. De tal manera que, reconociendo la Ley, abre la puerta elegantemente para retirarse y así subsanar la intempestiva aparición política de la Corte.

El tercer punto, la discriminación, se da en malos ejemplos concretos, comparables y actuales. Esta gestión del Nación tiene más de 100 empresas que clasifican en situación Normal 1 con atrasos que llegan al año por impagos, y con sumas millonarias.

Molino Cañuelas entró en concurso, casi a la vez, y debe u$s 1.400.- M a bancos. Su deuda con el Nación es similar a la de Vicentín y, es quirografaria; está debidamente acreditada. El colmo del Gobierno es haberle otorgado en mayo último, sin cumplir ningún requisito, un subsidio de $ 1.098.951.866,38.- por el que ha sido denunciado penalmente su benefactor, el entonces secretario de Comercio, Roberto Feletti. Nadie, nadie, hostiga a esa empresa, además.

Los ejemplos siguen. La fundida Cresta Roja es hoy una Cooperativa subsidiada por el Estado que tuvo deudas millonarias con los bancos oficiales. SanCor, fue a desguace y Atilra insiste en fideicomisos e intervenciones del gobierno, para alimentar a sus gremialistas, en definitiva.

Vicentín por ahí termine, a fuerza de hostilidades, con un destino similar y tal vez emblemático. Quien recuerde el caso Gotti, sobre el que Lázaro Báez se apalancó usando su estructura y capacidad técnica para negociar con el Estado vía Austral Construcciones fue lo que hoy es la causa Vialidad y tiene en vilo a la vicepresidente, Cristina Fernández.

Entonces, vendrán “Cupos de soja” o molienda, previo a nacionalizar el comercio de granos. Mientras, el campo duerme la siesta.

La familia del norte santafesino perdió su empresa, ya. Sin embargo, no ha despedido a nadie y cumple todas las formalidades administrativas e impositivas. Soporta estoicamente todos los embates. Las ofertas del 1er trimestre del 2020 hubieran resguardado lo que correspondía a los acreedores y que, siguen impedidos de cobrar.

La clase política impide su ejecución inventando artilugios, pretendiendo apropiársela. Nadie explica cómo y cuándo se paga, acaso y eventualmente. Los daños son cada vez más grandes.

Bernardo Basombrío

Periodista, escritor y autor de ¡Exprópiese! El caso Vicentín