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Irregular accionar del BNA respecto de Vicentín

La aparición de testimonios de identidad reservada, más el aporte de documentación con fehaciente validez judicial presenta el caso Vicentín de una manera completamente diferente de lo que se cuenta.

Los elementos y revelaciones, nuevos y desconocidos hasta ahora, enseñan suficiente veracidad. Al menos, en un país bajo el imperio de la Ley, las instituciones y los Poderes del Estado funcionando a Derecho deberían reparar.

Los sucesos exponen a los máximos responsables del Banco Nación (BNA), bajo la conducción de Eduardo Hecker, en postura delicadamente irregular con la decisión tomada en contrario por desoír las condiciones que alcanzó la Compañía para salvar su Concurso Preventivo, según el pedido de funcionarios de carrera de la centenaria institución.

Vicentín hubiera evitado el Concurso a través de alguno de los Acuerdos Preventivos Extrajudiciales (APE) rechazados arbitrariamente, y con ello su historia sería bien diferente. Mientras, los intereses de la masa de acreedores y del propio BNA se hubieran resguardado, según se desprende del análisis técnico, económico-financiero y las garantías ofrecidas. Todo, compatible con las normas y procedimientos bancarios de entonces.

Hoy, la familia ha perdido su esfuerzo de 90 años y, los acreedores -de los que el Gobierno dice preocuparse-, no pueden cobrar. Atrás, el presidente Alberto Fernández sigue mostrando interés por quedársela con su plan de un referente en el mercado de granos.

La ilación de los sucesos es la que sigue. Como bien es sabido, Vicentín sucumbió a una tormenta perfecta que la obligó a una cesación de pagos el 4 de diciembre de 2019. Esos días el país se aprestaba al recambio presidencial por lo que, debió aguardar a su reacomodamiento financiero con la asunción de las nuevas autoridades.

Eduardo Hecker, flamante presidente de directorio del BNA y al exponer en su discurso, hizo saber que el banco debía cobrar la deuda de la exportadora, pero el accionar bajo su gestión dejó convicción incontrastable de que hizo exactamente lo contrario.

Las dos primeras propuestas de APE tienen fecha el 29 y 30 de enero de 2020 y resultaron fallidas por no cubrir requisitos, aunque contaban con garantías, según se consigna el 11 de febrero de ese año y, al tomar los directores aviso de parte del consejo de la alta línea del banco. Los considerandos se detallan -en cada caso- en documentos oficiales en la forma de Despachos que las Actas de directorio numeradas estipulan y dan formalidad administrativa legal a estas diligencias.

A principios de febrero se organizó un encuentro que trataba la deuda de Vicentín en la Casa Central del Nación con representantes de banca pública y privada local, bancos internacionales y principales fiadores comerciales. Allí, le encomendaron bajo palabra a Eduardo Hecker y su plana mayor negociar y acordar el cobro del pasivo. De hecho, esa fue la aparente actitud.

Nadie cerraría trato sin el primer paso de la banca pública local por el temor que inspiraba el Gobierno sobre el futuro de la agroexportadora.

En la tercera propuesta fechada el 13 de febrero de 2020, Vicentín remedió toda orden solicitada por el Directorio del BNA a instancias de sus máximos gerentes para reordenar las cuentas con el propósito de recuperar la continuidad operativa. Con esto, la aceitera lograba el pedido no sólo para el Nación sino para el resto de los acreedores. Sin embargo, el 20 de febrero de 2020 el Acta numerada 311 contravino el dictamen favorable del Despacho de los gerentes.

En rigor, el presidente Eduardo Hecker y el director Claudio Lozano ya sabían que nunca firmarían algún convenio de ese tenor. Y, lo que es más osado, desestimaron por cuenta propia la palabra confiada por el resto de los reclamantes en aquélla reunión de principios de febrero.

Vicentín accedía inocentemente por entender que se trataban de nuevas solicitudes para ampliar beneficios en favor de la demanda y, como una puja de negociación. Así, la dirección del banco subió el umbral de exigencias por cuarta vez, satisfechas el 4 de marzo de 2020.

Pese a repetir el logro, otra vez, Hecker y sus colegas denegaron las aspiraciones requeridas y cubiertas de parte de la familia de Avellaneda, desde el norte de Santa Fe. Las constancias figuran en documentos oficiales del BNA con el Acta de Directorio numerada 435 que desoyó esos Despachos oficiales aprobados.

El cortocircuito entre la alta gerencia y la dirección del BNA se tensó al máximo, con prescripción de aumentar peticiones, hipotecas, garantías y más dinero llegando a plasmarse en un quinto APE, en que Vicentín volvió a alcanzar todos los pedidos, debidamente auditados por los cuadros técnicos.

El Despacho fue tratado y negado desparpajadamente con expresiones verbales directas en desmedro del propio interés del Nación afectando deliberadamente la suerte de Vicentín, lo que promovió el airado estupor de los altos funcionarios. Esta quinta vez, enfrentaron abiertamente al directorio por el tratamiento brindado el 5 de mayo de 2020, al explicarles enfáticamente que, al cobrar, salvaguardaban los intereses de la institución y de quienes encomendaron el trato a ese fin.

Tan virulenta fue la discusión que se resolvió no hacer constar en Actas. Así, por carácter transitivo, se allanó para alguien el plan de apropiarse de la firma, groseramente. La negativa fue comunicada a la concursada el 25 de mayo de 2020 y por teleconferencia.

Hasta ahora fueron echados sin indemnización ni razón legítima empleados del Banco Nación y, del BICE. Más personas y elementos dan cuenta del accionar que abrió el camino al anuncio de expropiación e intervención de la agroexportadora, poniendo a consideración las figuras de Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público y que puede encuadrarse el de Asociación ilícita, además.

Matías Kulfas, ministro de Producción, ya estaba trabajando en el mes de mayo con la senadora Anabel Fernández Sagasti en el Proyecto de Expropiación e intervención sobre la Compañía. El anuncio fue dado al país por el presidente Alberto Fernández el 8 de junio de 2020.

La reacción social obligó al Gobierno a replegarse: “Creí que me iban a aplaudir”, diría el jefe de Estado. Santa Fe tomó la posta e intentó un fideicomiso que no fue.

La familia de Avellaneda pese a no despedir a nadie y tener sus obligaciones al día, transitó estoicamente un Concurso Preventivo –el instrumento más perfecto que da la Ley en estos casos- y alcanzó las mayorías necesarias para resolver favorablemente. La Corte de Santa Fe actuó con un Per Saltum, que la jurisprudencia santafesina no contempla, sumando arbitrariedades.

Mientras tanto, el Presidente confunde con explicaciones relativas a un hipotético cramdown; algo imposible debido al apoyo mayoritario de los acreedores a la propuesta. Nadie explica cómo se va a financiar la actividad fabril, de dónde saldrán u$s 300.- M de capital de trabajo necesario para operar, cómo recuperarán sus acreencias todos los acreedores y, cómo se protegerán miles de puestos de trabajo directos durante una aventura sin managment idóneo ni capacidad financiera nacional.

Vicentín no es ni puede ser un testigo que ordene el mercado de granos, puesto que con la molienda transforma granos en aceite y harina y, su participación antes de la crisis nunca alcanzó el 15 % del sector.

Actualmente, un cardumen de tiburones anida en Santa Fe buscando que la concursada fracase para quedarse con ella, sin siquiera dilucidar que pertenece a quienes esperan por su dinero.

Se habla de Agustín Rossi actuando en la sombra, al frente de la AFI y, dicen que su viejo compañero peronista, Alberto Fernández llamó a Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte de Santa Fe, para pedirle que intervenga el expediente a manos del Juez Fabián Lorenzini. Abogados santafesinos, perplejos, no encuentran valor jurídico en la maniobra.

Casualmente, aparece el mismísimo Presidente dando una entrevista días más tarde y, con aire oportunista, desnudando que sus intenciones nunca claudicaron.

La fauna ictícola es más extensa. En un costado, Mariano Grassi -antes un amigo que se enriqueció gracias a Vicentín-, se volvió furibundo acreedor y querellante. Ese algo es indeleble en él: sabe que no está cómodo desde el lugar que lo hace. El rosarino aspira al manejo de esa posible empresa estatal, sin dimensionar la mirada hosca del actor social Campo por la traición que representa abrir semejante puerta. Abogados, legisladores, periodistas y otros actores completan ese mar de fondo, interesados.

El Concurso debe seguir el rumbo natural, en esta vivencia a libro abierto. Vicentín es la apropiación más limpia y directa sobre la propiedad privada que se conozca de este sello administrativo. Esta novedad avala las protestas nacionales en defensa de la propiedad privada, con eje en Vicentín. Cristina y Alberto en el 2008 contra el agro, primero. Vueltos al poder y, tal vez tratada en la usina del Instituto Patria, la revancha sea esta.

Bernardo Basombrío

Periodista, escritor y autor de ¡Exprópiese! El caso Vicentín