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La operación política tras Vicentín

La nota de la Corte Suprema de Santa Fe sobre el pedido de avocación que recae en el expediente del Concurso de Vicentín es confusa, cuanto menos. Estrictamente el máximo tribunal no aceptó tal solicitud, a la que refieren los medios de prensa haciendo lugar a un juego de guerrillas alrededor del tema. Rafael Gutiérrez, su presidente, firmó un pedido para resolver si acepta o rechaza. Con sus tiempos -siempre políticos, siempre diligentes- puede dar novedades en uno o dos meses.

La avocación se da cuando un tribunal superior reclama para sí alguna cuestión que le corresponde resolver a otro de menor jerarquía. La acción resulta un disparate jurídico o político, porque es competencia del juez de 1ra instancia en lo Civil y Comercial que tramita el Concurso preventivo para decidir.

Llama la atención el acto si, además, recordamos que en la única entrevista que concedió el Juez Dr. Fabián Lorenzini -que fue para el libro ¡Exprópiese! El caso Vicentín-, en donde da cuenta de que existe una conversación fluida con el Ministro en cuanto al curso de los acontecimientos en torno al proceso de referencia.

La suspensión de plazos se ha ordenado en víspera de la Audiencia Informativa establecida por la Ley, fijada para el miércoles 22 de junio a las 17.30 Hs en la que Vicentín debía brindar explicaciones respecto de la negociación llevada a cabo con sus acreedores –contando con el acuerdo favorable de más de 1.000 sobre 1699- y, donde esos asistentes podían formular preguntas sobre la propuesta.

De por sí, para estos casos, el Concurso es el instrumento más perfecto y el Juez tiene todas las atribuciones de control sobre la empresa a los que se sumaron síndicos e interventores.

La Corte no dio por caída la propuesta de Vicentín, ni eso se deriva de lo decidido en la nota o de alguna acción judicial sobre el caso. Esto que sucede es sólo artillería verbal que utiliza una de las partes rebuscadamente. Únicamente suspendió el Concurso. En ello cuenta la vigencia del tiempo para obtener las conformidades por parte de la concursada, según el Art. 43 respecto al Fin del período de exclusividad, y que vence el 30 de junio próximo.

Se puede hablar de dos hipótesis posibles, según la consulta hecha a especialistas en la materia y mientras continúan interrumpidos los efectos en el marco de este caso. La primera es que, efectivamente, acepte la avocación. En tal supuesto, suspende la vigencia procesal hasta que el Tribunal resuelva por el tema de fondo. Básicamente, si corresponde dar lugar al cuestionamiento dado por la querella para tomar una decisión antes de que opere el vencimiento legal del plazo otorgado para cumplir las conformidades, según la Ley de concursos y quiebras.

La otra alternativa es, que la Corte rechace la avocación. En este supuesto, el expediente volverá al Juzgado Civil y Comercial quien reanudará los plazos. La concursada tendrá un plazo de 15 días adicionales sobre el vencimiento del Art. 43; es decir los días entre la suspensión decidida por la Corte y el vencimiento previsto con fecha mencionada más arriba. Al regresar el expediente al lugar de origen con la eventual avocación rechazada, de tal modo, la concursada puede presentar todas las conformidades logradas e incluyendo aquellas que obraron con la causa en suspenso; un tiempo muerto legal que juega en favor de Vicentín.

De esta manera, el pedido de avocación habrá beneficiado a la concursada con una extensión «de facto» del plazo para obtener conformidades, sin que fuera necesaria una nueva prórroga, eventualmente.

La nota presentada por la Corte es lo que la mala actitud de juglares – periodistas y abogados rosarinos- quieren desinformar con acción de deliberada perversión que, sirve para influenciar a la opinión pública y así presionan a jueces -o que se dejan amedrentar- como un tiro a la Justicia por elevación resultando en disparates inadmisibles que conforman titulares de los diarios.

Pedir avocación de la Corte antes de que el Juez natural se expida respecto de la existencia de mayorías y homologue es un dislate sin sustento jurídico. Tan comparable como que la Corte suprema decida juzgar directamente a un sujeto por matar a otro, en lugar de que lo haga un juez penal.

Lo que presentan como un problema para Vicentín, es -hasta ahora- un tiempo excepcional en favor de la concursada. Sin embargo, al cierre de la nota aparece una novedad que da lugar a entender a qué vienen los últimos sucesos. Se trata de la entrevista concedida por el presidente Alberto Fernández a dos periodistas de un diario porteño, que puede verse en un sitio web dedicado a difundir videos y hace referencia al caso Vicentín.

Allí vuelve a la carga con la necesidad de un sistema comercial de cereales con una empresa testigo que haga pesar su intervención en el mercado. Expresa un sentido claramente oportunista para hacer alguna acción sobre Vicentín y, equivocado, habla del “fallo de la Corte Suprema de Santa Fe” -se refiere a la nota librada al Juzgado Civil y Comercial que suspende el trámite concursal- y vuelve a confundir a la opinión pública en la cuestión Banco Nación.

A su vez, el presidente, vuelve a instalar la idea de cramdown. Esta es una figura que sólo tiene lugar si no alcanza las mayorías de acuerdo de los acreedores en la propuesta de pago y que ya dijimos están largamente alcanzadas. Si así ocurriera cualquiera puede asistir a obtener las conformidades y, quien lo haga primero en lo que la Ley exige podrá quedarse con las acciones de la concursada y, al precio que determine el Juez. Así de desplaza a la concursada. Esto se llama cramdown.

Respecto de la entidad bancaria su directorio actual omitió hacer uso de poner en plenitud la capacidad operativa de la planta de bioetanol para que, a través de la vigencia de un cobro automático preexistente el Nación pudiera cobrarse su deuda. Al dejar la capacidad operativa al 20 % de su potencial obtuvo sólo u$s 8.- M cuando, si lo hubiera hecho al 100 %, en el mismo lapso cobraba u$s 40.- M y la deuda estaría paga prontamente.

El accionar de la política se ha vuelto grosera y descarada, volviendo a saltear procesos que no respetan a las instituciones ni sus formas. El gobierno nacional no parece entender que, si quiere una empresa testigo debe hacerla ella sola rindiendo cuentas de su eficiencia a quienes aportan con impuestos, y que es nefasto entrometerse en la historia de una familia y apropiarse del trabajo de 90 años.