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Desorden territorial y jurídico en Mendoza

En estos días tiene Despacho parlamentario un proyecto oficialista de ordenamiento territorial sobre el piedemonte, luego sigue otro de ampliación del Área Natural Protegida con posibles expropiaciones

El Gobernador, Rodolfo Suarez, envió a la Legislatura dos proyectos de ley: uno busca ordenar el territorio del piedemonte para resguardar el avance urbano y, otro contempla agrandar el Áreas Naturales Protegidas por medio de una expropiación que incluye una extensión de 15.000 Ha que son propiedad privada.

La iniciativa, denominada “Ley de pautas de manejo y disposiciones específicas para la planificación integrada y sostenible de la Precordillera y Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza (AMM)”, fue generada desde la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a través de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial e involucra a los municipios de Las Heras, Capital, Godoy Cruz y Luján de Cuyo. Todo, con base al estudio “Evaluación de Amenazas del Piedemonte del Área Metropolitana”, elaborado por el Instituto Nacional del Agua (INA), según afirman.

En el año 2016, el Gobierno de Mendoza determinó que las evaluaciones ambientales de todos los nuevos proyectos, a partir de entonces, deberían ser aprobadas por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia.

Las consideraciones recayeron en tres ítems. La vulnerabilidad ambiental con base a la ocupación del territorio de manera no planificada y fuera de los términos establecidos por la ley, manifestada en la ocupación de cauces y zonas aluvionales.

El segundo punto refiere la difícil situación en las habilitaciones de infraestructura, como el acceso al agua y el tratamiento de efluentes cloacales. Así, el tercer tema dio lugar a la “Declaración de Emergencia Ambiental” del piedemonte.

El Ejecutivo provincial fijó como lineamientos: Definir criterios mínimos obligatorios de ocupación para todo el piedemonte, desde los cuales los municipios podrán actualizar sus códigos o zonificaciones, con estatus similar teniéndola en cuenta como unidad ambiental.

Determinar medidas y procedimientos para planificar el desarrollo de zonas aún no ocupadas y cumplimentar exigencias ambientales en áreas ya urbanizadas, considerando el peligro aluvional.

Establecer áreas de protección ambiental con acceso público para garantizar el uso y disfrute por parte de los ciudadanos.

Desde la secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial –área encomendada por el Ejecutivo a seguir de cerca el tema-, su titular, Humberto Mingorance, reconoce que “ni el municipio ni el Estado provincial habían tomado cartas en el asunto, hasta que llegó el plan de ordenamiento”. Y que. “el actual proyecto bien puede ser la letra de una ley, sin llegar a plasmarse”.

También, hizo saber que: “La Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial calcula cerca de 5.000 familias viviendo en el área, algunas afectadas por amenazas aluvionales al habitar en cauces o laderas inestables que deberán hacer mejoras”.

El nuevo proyecto entró en juego al Senado el pasado 29 de mayo y, “lo que viene del Ejecutivo ni se estudia”, dice un legislador oficialista consultado y que prefiere mantener el anonimato al tiempo que descuenta una rápida aprobación.

Con esos antecedentes y sobre el terreno, el Lic. José Pozzoli, especialista en políticas ambientales repasó los puntos, empezando sobre el que contempla expropiar una parte a privados: “Hacerlo es anacrónico, en este caso, ya que para proteger la biodiversidad del lugar se pueden promover o acompañar iniciativas que limiten su uso, que lo protejan cobrando forma de bien intangible en beneficio de todos. Además, el Estado carece hoy de recursos para mantener las zonas protegidas que ya tiene, y más aún para crear y cuidar nuevas. Un buen ejemplo de sinergia óptima es la vecina Reserva de Villavicencio”.

Desde el oficialismo esperan alcanzar conformidad de todas las partes y no tener que ir al choque sobre un punto álgido y de mala prensa, como es la expropiación.

Pozzoli advierte sobre los desprolijos saltos en los procedimientos del proyecto de Suárez. “La Ley 8.051 establece que el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial trate el asunto, y esto no ha sucedido. No hay dictamen fundado del Consejo que avale u opine al respecto, careciendo por lo tanto de nulidad lo enviado a la Legislatura. Tampoco se cumple con la Ley 6.045, del año 1991, en lo que refiere a la creación de ANP cuya iniciativa es responsabilidad de la Dirección de Recursos Naturales que está obligado a pronunciar un dictamen fundado técnica y financieramente aprobando la creación que se pretenda; pero el veredicto no se conoce”. A su vez y en el marco de esta misma ley, el licenciado, da cuenta de un aspecto crucial: “El Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA), que depende del CONICET, es a quien toca realizar los dictámenes técnicos para la creación y planes de manejo de ANP; en este caso no ha sido consultado. La Dirección Provincial de Hidráulica es la autoridad de aplicación en materia aluvional, pero no se ha expedido sobre los proyectos y menos aún sobre el estudio del INA”.

Con atraso o laxitud no se están cumpliendo requisitos en ambas leyes, ni citan organismos, secretarías o partes interesadas de la sociedad civil o de los propietarios afectados, –quizás para eludir consensos-, reunidos en la forma de Asociación Civil con personería jurídica, y que esperan ser convocados al Recinto del Senado.

De tal manera y a su turno el senador Ernesto Mancinelli (Libres del Sur) reconoció las faltas del caso “Se están llamando a los miembros a fin de regularizar la composición de los procedimientos, que en parte son vinculadas a la pandemia. El IADIZA e Hidráulica están trabajando sobre los respectivos puntos, con atraso. La primera ley que nos toca es la de ordenamiento territorial, luego haremos la extensión del polígono del ANP”.

El Municipio de la Ciudad de Mendoza a través de un programa estimula emprendimientos de triple impacto y acciones que disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero y absorban dióxido de carbono. Uno de sus objetivos, que marca el trayecto de los programas sostenibles promulgados y a realizar, es alcanzar para el 2030 una gestión climática de balance positivo de carbono. Existe un mercado financiero que paga por Bonos Verdes para capturar carbono pagando por la preservación de un lugar. Bienvenido, pues, fomentar el bosque nativo y la biodiversidad, tal como algunos propietarios planifican. Al respecto Humberto Mingorance descree de la eficacia o la existencia de tales planes.

Sobre las 56.000 Ha que planea ampliar Rodolfo Suárez “hay una franja en manos privadas de 15.000 Ha sujetas a expropiación, que se está trabajando para no llegar a eso. En esas zonas existe un uso de cultura recreativa o deportiva por parte de la gente, que se fue apropiando al no percibirla como privada; hay que delimitar. Se trata de tierras improductivas o las más próximas a la ciudad factibles a un desarrollo inmobiliario, cuidando del ecosistema”, dice Mancinelli. No obstante, vale remarcar que se trata de propiedad privada.

La provincia ya tiene un 13 % de su territorio como ANP, que la sitúa dentro de la media mundial. Los propietarios cuidan y resguardan el hábitat evitando usurpaciones, entre otros vicios, naturalmente con más dedicación que el Estado. El senador y el secretario de Ambiente aseguran que otras ANP gozan de guardaparques y suficiente atención estatal.

De entre los propietarios privados está la familia Girotti, por ejemplo, y es conservacionista. Se dedica a la plantación de árboles y tiene, además, un plan para emprender la cría de llamas.

La Historia siempre sienta precedentes, en cada lugar. Esa familia donó a la Provincia de Mendoza, el Puesto Lima para brindar agua al Cerro de la Gloria de la que tomó posesión la Dirección de Parques y Zoológicos. En ese lugar comenzó el asentamiento de La Favorita, capturando agua de esa vertiente, pero que hoy ya está regularizado. La Secretaria de Ambiente y Ordenamiento fue y es a la fecha, encargada de mantener y cuidar el sitio. La precariedad y abandono en el que se encuentra desde hace algunos años o no, según la fuente consultada que se trate tiene el veredicto de los mendocinos sobre las evidencias que le caben versus la letra de la ley. Actualmente el lugar toma el agua de una perforación.

Más bien, es incumbencia del Estado regular y promover la actividad privada. La búsqueda de acuerdo es una idea frente a la ingrata expropiación a privados, que tan mala prensa tiene estos días. Cabe preguntarse por la capacidad de cuidado sobre la biodiversidad, los intereses en juego a que se exponen los proyectos y qué partidas presupuestarias contemplan estas demandas: la asociación de propietarios aún no fue convocada. Como es arriba es abajo: el oficialismo mendocino critica la medida presidencial sobre la expropiación de una empresa santafesina, pero pretende usar una herramienta igual en su provincia.

El intendente de Avellaneda, Santa Fe, Dionisio Scarpin cuestionó al Ejecutivo nacional: “¿No son capaces de cortar el pasto en la Ruta 11 y quieren manejar Vicentín?”. Demoledor.