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Atropello institucional

La decisión del Gobierno de Alberto Fernández atropella un proceso judicial, a través de un DNU y para dar lugar a una intervención del Estado, como es el Concurso Preventivo que tiene lugar con la empresa Vicentín. Al enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley de expropiación aduce “soberanía alimentaria”, siendo que no hay tal amenaza frente al normal desenvolvimiento que tiene la producción y el abastecimiento de los alimentos en el país. El hecho, de enorme gravedad institucional, atenta contra toda la sociedad por atropellar al Poder Judicial y dar lugar a que se repita.

La inseguridad jurídica trae el temor respecto del dominio de propiedad privada a que se exponen quienes emprenden. La intervención de una sociedad solo puede ser dispuesta por un juez; según el artículo 113 de la Ley de Sociedades. El presidente de la Nación no tiene atribuciones para remover a un directorio elegido por los socios de una empresa privada.

Bajando de la supremacía del rango de los sucesos y repercusiones que emanan de la decisión presidencial fuentes locales aseguran que el Concurso Preventivo venía desarrollándose con normalidad.

Desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEE) y las entidades del campo por separado, así como varias sociedades rurales se han expresado repudiando la medida. En su caso CRA, señaló: “Las actividades y criterios de los empresarios privados y el manejo de sus empresas, tienen a la justicia como evaluadora y sancionadora de sus conductas, pero si aceptamos que el Poder Ejecutivo arremeta contra los jueces naturales, habremos convalidado la quiebra del principio republicano de la división de Poderes.”

Y, traza una serie de preguntas inquietantes: “¿El Estado Nacional se hará cargo del pago de los créditos verificados en el proceso concursal, lo hará, por cuándo, ¿cómo y por qué monto?

” ¿Nacionalizará el Estado una deuda totalmente privada?

” El concurso tiene un juez y un ámbito, este sistema de decisiones del Ejecutivo por encima del Judicial, ¿es el que viviremos a futuro?

” ¿Empresas endeudadas en concurso, empresas nacionalizadas?

” ¿Cuál es el resguardo institucional que tenemos los argentinos frente a decisiones políticas del Gobierno Nacional?

” ¿Quién responde a estas preguntas? El Sr. Presidente, el Ministro Kulfas o la senadora cuyas ideas fueron derrotadas electoralmente en Mendoza y ahora luce como protagonista de esta medida?”

Otro tanto hizo el poderoso lobby de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que con el título: “Rechaza la intervención y el proyecto de expropiación de Vicentin S.A.I.C.”. Los empresarios más importantes del país, dueños de las mayores compañías locales, expresaron su posición sobre la intervención del Gobierno en la empresa agroexportadora y su intención de expropiarla. Los hombres de negocios definieron el accionar oficial como un “grave error”.

Por su parte, la Sociedad Rural de Reconquista, adonde está radicada la empresa en cuestión, emitió el siguiente y breve comunicado, con claridad:

“No vinieron por Vicentín, no vinieron para proteger la producción.

Vinieron por nosotros, vinieron por la democracia.

Hoy nuestra bandera a media asta simboliza la tristeza ante el entierro de los valores republicanos.

Hemos advertido sobre el uso del odio, y lamentablemente tuvimos razón.

No juzgamos conductas empresariales, para ellos está la justicia. Desde el punto de vista ético juzgamos lo ilícito del accionar de un Poder que se atribuye la suma del poder público.

Una Nación que respete su Constitución Nacional es una República.

Avasallar la constitución es nuestra desintegración como Nación.

¡Hoy sentimos dolor de País!

Con nuestra República.”

El vice interventor y la comitiva designada por el Gobierno fueron impedidos de presentarse ante la empresa por personal de la misma. A su vez, a las 18 horas comenzaron los pobladores una fuerte manifestación que se concentró en Avellaneda, finalizando con un repudio y sin incidentes ante la comitiva en el hotel que estaba alojada.