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Alarma forestal y, propuesta

“La Asociación Forestal Argentina (AFOA) acompaña al Gobierno responsablemente en este momento de emergencia sanitaria, y por ello, considera imprescindible transmitir el impacto de las medidas y propuestas para mitigar sus efectos”, avisa en un comunicado AFOA. El sector forestal y la cadena foresto-industrial emplean alrededor de 100.000 personas en forma directa y un número similar en forma indirecta.

Para evaluar el impacto de la situación, se hizo una encuesta entre referentes del sector. El 80 % de los encuestados indicó que su actividad había disminuido en un 100 %. El 20 % restante manifestó una disminución entre el 40 % y el 60 %; estos son -mayoritariamente- proveedores de industrias de la celulosa y papel.

Las mayores preocupaciones son la falta de ingresos para afrontar pagos de sueldos, proveedores, impuestos, etc.; imposibilidad de cubrir cheques emitidos y rechazo de cheques de terceros cortándose la cadena de pagos; caída de las moratorias en vigencia por falta de pagos; perder clientes del exterior por incumplimiento de envíos; no poder pagar salarios porque los bancos no están operativos y en particular, las dificultades que se tienen para circular con madera por disposiciones de municipios o autoridades de control sin directivas claras.

Las principales propuestas que realizamos son:

– REPRO: que los pagos del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) se realicen automáticamente según F. 931 para todas las empresas PyMES que lo soliciten depositando directamente a la cuenta sueldo del trabajador o a la cuenta del empleador cuando los trabajadores no se encuentren bancarizados. Aunque se anunció un trámite simplificado para acceder al REPRO, quien no tenga el trámite en curso le demandara al menos 30 días obtenerlo.

– Banco Central: que el BCRA permita habilitar un permiso de giro en descubierto para las empresas con una tasa de interés que implique un Costo Financiero Total (CFT) no mayor al 25 % anual durante el mes de abril por un monto equivalente al giro habitual de la cuenta de la empresa. El CFT evita la amplia variabilidad de costo financiero entre Bancos. Por otro lado, que las líneas de créditos anunciadas permitan financiar el descubierto más el capital de trabajo estimado que se requerirá para recomenzar la actividad. Está línea se propone que sea a pagar en dos años, no en uno, con tres meses de gracia y CFT del 25 %.

– Costos laborales: con la premisa de mantener el empleo, se solicita la exención de las Cargas Sociales e impuestos laborales de los trabajadores declarados en el F. 931 por la duración de la emergencia para todo tipo de empresa que vea afectado su nivel de actividad en más de un 25 %.

– AFIP: que se anule el pago de Adelanto de Ganancias, se posponga el pago de impuestos, que se permita detener los débitos automáticos de cuotas y moratorias vigentes y autorizar diferir dichos pagos al menos 60 días.

– Calificación crediticia de los bancos: que se flexibilice la calificación para el análisis de créditos y no se afecte la calificación de cliente por los cheques rechazados durante seis meses.

– Bancos: que los Bancos sean considerados una actividad esencial y que tengan un esquema de atención al público en emergencia.

– Movilidad: que se permita la movilidad de los encargados de trámites y pagos de sueldos, ya que hay una importante cantidad de casos que esto se realiza en efectivo.

– Exportaciones: que se habiliten y faciliten las exportaciones de productos listos para despachar y/o en procesos finales de empaque. Esto permitiría generar divisas para el Estado e ingresos para afrontar sueldos.

Por último, y no menos importante, se considere a toda la cadena foresto industrial entre las actividades esenciales incluyendo en el alcance a la industria de celulosa y papel, postes, madera aserrada, tableros, chips y productos químicos que proveen a industrias de primera necesidad como la de alimentación, energía y su distribución, químicas y construcción de unidades de emergencia y su amueblamiento. Este reconocimiento explícito es necesario para facilitar la habilitación del tránsito forestal y evitar las diferencias de criterios en los municipios y autoridades de control.