EDICIONES ANTERIORESTodas las ediciones anteriores en su versión electrónica

«Empezamos mal», crónica a 10 días de gobierno

La expression es del flamante titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes. Son 10 días como preludio a un nuevo tiempo en el gobierno de Alberto Fernández.

El 19 de marzo de 2008, día de sol, fue trascendente para el campo porque se realizaba el primer acto de protesta de magnitud en relación con las retenciones móviles que imponía el gobierno de los Kirchner. Al costado de la Ruta 9 y el río Tala, se montaba un discreto escenario, sobre un lugar amplio, donde quemaron un camión viejo y abandonado. Cuando terminaron con el acto, los organizadores dieron una vuelta por la Ruta 9, un trayecto corto hasta el río Arrecifes, que causó una gran congestión de tránsito. En una camioneta, al frente de la columna, estaban Carmen Alarcón, Luciano Miguens, Carlos Garetto, Hugo Luis Biolcati, Raúl Victores, Eduardo Buzzi, Mario Llambías y Fernando Gioino, entre otros. Margarita Stolbizer acompañaba desde otro auto, más atrás. Este hecho sirvió para que el Gobierno impulsara a la Justicia, a través de la decisión de Juan Murray, a cargo de la Fiscalía Federal de San Nicolás, para imputarlos por el corte de la ruta. Además de los recientemente nombrados, en la imputación, Murray incluyó a Silvio Corti, de la Federación Agraria; Luis Ducret, de la Sociedad Rural de Baradero; Mario Barbieri, de la Sociedad Rural de Campana; Silvio Etchehún, del sindicato de la carne y su secretario de Coordinación, Facundo Vellón; Juan Almada, secretario de Gobierno de San Pedro, y Norma Atrip, presidente del Concejo Deliberante de San Pedro.

Los ruralistas advirtieron la “animosidad manifiesta del fiscal” por lo que recusaron al juez interviniente, y la causa fue derivada al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo.

Esta causa cayó bajo falta de mérito en enero del 2009 y con el sobreseimiento en el año 2016 del juez. La Cámara apeló la medida con lo cual se dictó el procesamiento y embargo, coincidiendo justo con el cambio de Gobierno. Las respectivas entidades, por separado y en conjunto, dieron su respaldo a los dirigentes del año 2008.

Jorge Chemes puso el título preciso a un inicio que continua a aquéllos tiempos.

Como si fuera poco los medios se hicieron eco de diferentes apreciaciones de tono beligerante por parte de distintas personalidades que se experesaron a través de los medios de comunicación o de las redes.

El nuevo escenario actualizó los derechos de exportación a través del decreto 37/2019, que modificó el nivel sobre los productos agropecuarios, establecidos por el decreto 793 de septiembre de 2018.

De esta manera, el gravamen sobre la exportación de carnes aumentó del actual 5 % que surgía de los $ 3 aplicados sobre cada dólar en relación a los $ 60 de cotización en el mercado mayorista al 9 %.

En el caso de los granos, principalmente maíz y trigo, al eliminarse el tope de $ 4 por dólar el derecho volvió al 12 % establecido por el decreto de origen, con lo que el aumento de la imposición fue de 6,67 % al porcentaje mencionado.

Para la soja, esta alícuota de 12 % se suma al 18% que ya tenía. El aumento es desde el 24,67 % con el anuncio que está compuesto por el 18 % y el 6,67 % de los $ 4 por dólar al 30 % actual.

Aumentaron los derechos de exportación a los animales vivos, las otras carnes, incluida la de pescados, productos lácteos, cabellos, cerdas y tripas, plumas, otros subproductos animales, harinas y sémola, grasas, maní, leña y carbón, madera, lana y algodón.

El resto del universo de exportación de bienes y servicios se mantiene con un derecho del 5 %, expresado como $ 3 por dólar.

Antes de concluir los diez días el Congreso trata una ley de Emergencia Económica que contempla subir la alícuota, además de delegar poderes especiales al Presidente, cautivando la atención de la Sociedad por sus particularidad.