EDICIONES ANTERIORESTodas las ediciones anteriores en su versión electrónica

Ley de semillas, materia pendiente

La propiedad intelectual de la tecnología que contiene una semilla sigue sin resolución de fondo y, habla de falta de política agropecuaria de largo plazo. Enfrenta, por sobre todas las cosas un fuerte componente cultural al faltar al reconocimiento a las investigaciones que implican enormes sumas de dinero en pocos aciertos y muchos fracasos. La utilización de ésta tecnología propende a eliminar o limitar los riesgos que el ámbito de la agricultura tiene para obtener mayores rindes. Acceder a mayor tecnología es un beneficio y ésta innovación implica mayor erogación a la hora de adquirirla, pero genera beneficios tangibles. Equivale a pretender la compra de un vehículo con algún adicional de lujo que en su fabricación de serie no posee. La falta de definición tiene a la agricultura argentina dos eventos transgénicos fuera de su mercado, en virtud de no encontrar una norma que los ampare.

No obstante la falta de definición al respecto el debate quedó abierto con el reclamo de la industria semillera por el que el Ministerio de Agroindustria tomó nota procurando encauzar el tema entre las partes -productores y semilleros- respecto del pago de regalías sobre semillas de soja, trigo, legumbres, maní, arroz, algodón.

La ley en vigor de 1973 es de un tiempo en que estaban fuera del mercado los cultivos transgénicos. Esa norma confirió al productor la propiedad irrestricta en el uso de semilla propia, devenida luego de la cosecha y que puede guardarse a fin de sembrarla en campañas siguientes. Por sus características agronómicas no puede hacerse eso con todos los cultivos.

Entre lo planes que tientan un acuerdo a las partes por el pago de regalías al reutilizar la semilla propia es que debe saberse por adelantado cuánto costará al momento de comprar la semilla original. Prevalecería, además, el criterio de que el cobro por cada reutilización sea efectivo en relación con los nuevos eventos, no con los materiales que ya están en el mercado. Los semilleros, por su parte, deberían unificar el cobro por su mercadería en una sola factura, en la que se desdobla el precio por el germoplasma, por un lado, y el evento respectivo, por el otro.

El Instituto Nacional de Semillas (INASE) tiene el control de fiscalización que da cuenta del uso de las semillas, algo que estaba en desuso y hoy tiene vigor. Actúa sobre la base de un acuerdo alcanzado sobre el sistema Bolsatech, que patrocina la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, respecto de la información que se utiliza para los controles. El INASE ha pasado de decomisar 5 toneladas de semillas ilegales, en el primer trimestre de 2016, a más de 700 toneladas en el primer trimestre de 2017.

Mientras, en el mundo agropecuario hay reconocimiento generalizado de un considerable tráfico ilegal de semillas al persistente amparo de la falta de decisión en la materia.